Nuestra Investigadora Principal y profesora de la Universidad de Tarapacá publicó una Carta al Director en La Tercera, periódico chileno.
Al Director,
La confirmación de que los 64 niños, niñas y adolescentes haitianos cuyo paradero se desconocía inicialmente han sido localizados y se encuentran a salvo al cuidado de sus familias es una grata noticia. Esto ocurre tras una controversia que llegó a sugerir la existencia de redes de trata de personas. Sin embargo, el informe de la Contraloría General de la República expuso un problema genuino: la falta de coordinación entre los organismos estatales responsables de estos procesos, lo que resultó en graves fallos en la capacidad de rastrear a estos niños, niñas y adolescentes después de su entrada al país. Este es un problema que el Estado debe abordar con urgencia, fortaleciendo los mecanismos de supervisión e identificando las responsabilidades institucionales.
Sin embargo, esta obligación no justifica legislar en respuesta a la alarma pública. El proyecto de ley que busca endurecer los requisitos para la reunificación familiar (Proyecto de Ley n.º 18.377-06) corre el riesgo de convertir la ausencia de documentos legalizados o apostillados en una barrera absoluta, sin reconocer que, en países que experimentan profundas crisis institucionales, tales documentos pueden ser materialmente imposibles de obtener o verificar. Para las familias haitianas —y, en gran medida, venezolanas—, esto no es necesariamente el resultado de un incumplimiento voluntario o una intención fraudulenta, sino de la incapacidad de las instituciones de sus países de origen para emitir o autenticar la documentación requerida.
Imponer requisitos que no pueden cumplirse de manera realista no fortalece la política migratoria. Simplemente cierra la vía regular para que los niños, niñas y adolescentes se reúnan con sus padres, prolonga dolorosas separaciones familiares y puede empujar a las familias a situaciones más precarias y riesgosas, particularmente para los niños, niñas y adolescentes. La respuesta adecuada es diferente: una supervisión rigurosa, una trazabilidad efectiva y mecanismos excepcionales, transparentes y revisables para establecer relaciones familiares en contextos donde la documentación oficial no está disponible.
Proteger a los niños, niñas y adolescentes no significa elegir entre un control migratorio efectivo y la reunificación familiar. Significa construir un sistema capaz de garantizar ambos, guiado por el interés superior del niño, niña y adolescente en lugar de por la urgencia de las contingencias políticas.
Antonia Mardones Marshall
Investigadora Principal, Núcleo Milenio MIGRA
Académica, Universidad de Tarapacá
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