El gobierno presentó una enmienda al proyecto de ley que modifica la ley de migración para perfeccionar el proceso administrativo de expulsiones. En ella, propone que las escuelas y los hospitales tengan el deber de denunciar a los inmigrantes indocumentados. Las investigadoras principales de MIGRA, Mayra Feddersen y Olaya Grau, fueron entrevistadas al respecto.
Por un lado, la prof. Mayra Feddersen destacó que, en un estudio experimental que realizó, la evidencia mostró que la exposición a una política migratoria restrictiva llevó a que las personas estuvieran menos dispuestas a acudir a hospitales tras accidentes laborales, menos dispuestas a exigir derechos laborales y disminuyeran sus denuncias de delitos. Concluyó que una política migratoria correcta no debe hacer que los inmigrantes indocumentados sean menos visibles y tengan miedo de recurrir al Estado.
Por otro lado, la prof. Olaya Grau enfatizó que una política migratoria seria no solo se centra en controlar la frontera, sino también en fortalecer el Estado. Argumentó que esta medida, al alejar a los inmigrantes, no fortalece al Estado, sino que lo debilita.
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